El Gobierno de Trump detiene a una jueza por obstruir la detención de un inmigrante

INTERNACIONALES

25 de abril de 2025​

En un giro inesperado en la política migratoria de la administración Trump, el FBI ha arrestado a la jueza del condado de Milwaukee, Hannah Dugan, acusándola de obstruir una operación de detención migratoria al ayudar a un inmigrante mexicano, Eduardo Flores-Ruiz, a evadir su arresto en su tribunal. Según el director del FBI, Kash Patel, Dugan dirigió al acusado y a su abogado por una salida lateral no pública del juzgado, apartándolos de los agentes de ICE tras una audiencia por violencia doméstica. Los fiscales federales la acusan de obstrucción y de ocultación de una persona, cargos que podrían acarrear hasta seis años de prisión. Este caso marca el primer arresto de una jueza en funciones en el actual mandato de Trump por interferir en una operación migratoria.

Imagen con fines estrictamente
ilustrativos

Dugan, quien fue elegida en 2016, ha trabajado previamente en ayuda legal y fue líder de la asociación local de abogados. Tras su arresto, fue puesta en libertad tras declarar ante el tribunal federal, y se espera que comparezca nuevamente el 15 de mayo. La detención ha generado reacciones encontradas: mientras que el Departamento de Justicia defiende la acción como necesaria para garantizar el cumplimiento de la ley, defensores de los derechos civiles y algunos legisladores han expresado su preocupación por lo que consideran una amenaza a la independencia judicial.

Este incidente se enmarca en una serie de acciones de la administración Trump contra funcionarios locales que no colaboran con las autoridades federales en temas migratorios. La política migratoria del presidente ha sido objeto de controversia, con críticos que argumentan que socava los derechos civiles y la separación de poderes. El caso de la jueza Dugan podría tener implicaciones significativas para la relación entre el poder judicial y el ejecutivo en Estados Unidos.​

Estados Unidos ha enviado a más de 200 migrantes a la prisión de alta seguridad Cecot, en El Salvador, lo que grupos de defensa de los derechos humanos como Human Rights Watch han calificado como "desaparición forzada"