Internacionales
Melina
Lima, jueza del Juzgado Octavo de Instrucción en lo Penal de La Paz, fue
aprehendida el martes 30 de abril de 2025, luego de haber emitido una
resolución que anulaba una orden de aprehensión vigente contra el expresidente
Evo Morales. La decisión generó una respuesta inmediata de la Fiscalía, que la
acusa de presunto prevaricato.
Imagen: Aizar Raldes/AFP
La
aprehensión fue ejecutada por la Policía boliviana a solicitud del Ministerio
Público, luego de que la jueza Lima decidiera dejar sin efecto una orden de
captura contra el exmandatario Evo Morales, quien enfrenta un proceso por
presuntos delitos de terrorismo. Según reportes oficiales, la magistrada fue
trasladada desde el Palacio de Justicia de La Paz hasta instalaciones
policiales, mientras se evaluaban las acciones legales en su contra.
La orden
que anuló estaba vinculada a un caso abierto en 2020, cuando Morales fue
investigado por supuestamente haber instruido cercos a ciudades durante el
conflicto poselectoral de 2019. La jueza argumentó que la resolución de
aprehensión no cumplía con los requisitos procesales establecidos, lo que
motivó su anulación.
Desde el
Ministerio de Justicia se confirmó la detención y se indicó que el accionar de
la jueza será revisado conforme a la normativa vigente. La figura penal que se
le imputa es la de prevaricato, delito que implica la emisión de
resoluciones contrarias a la ley por parte de una autoridad judicial.
Contexto
jurídico y político
Evo
Morales, quien gobernó Bolivia entre 2006 y 2019, enfrenta aún varios procesos
judiciales abiertos tras su salida del poder. El más relevante está relacionado
con un audio que habría sido grabado durante la crisis de 2019, en el cual se
lo vincula con estrategias de presión social. Aunque Morales retornó al país en
2020 tras un período en el extranjero, sus causas judiciales han continuado en
diversas instancias.
La
aprehensión de la jueza Melina Lima se produce en un clima de creciente debate
sobre la independencia judicial en Bolivia. Distintos sectores políticos y
jurídicos han expresado opiniones encontradas respecto a si su decisión fue una
falta grave o parte de su autonomía como operadora de justicia.
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